Día Mundial del Ambiente: La participación de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad
““Yo soy el río y el río es yo”
Lcda. Yasmin Granados Torres. Abogada ambiental. Alta Batalla.
Los nuevos escenarios sociopolíticos se caracterizan por una mayor apertura en el reconocimiento constitucional de la plurietnicidad de los Estados latinoamericanos. Esto ha producido una necesidad de visualizar condiciones de vida de los pueblos indígenas, las brechas de acceso a los bienes del Estado y contar con estadísticas poblaciones interculturales (Popolo & Oyarce, 2005). Sobre este último aspecto, se tiene conocimiento que la población indígena de América Latina asciende a los 45 millones de personas en 2010, con una alta heterogeneidad: en un extremo están México y el Perú́, con casi 17 millones y 7 millones de población indígena, respectivamente; y en el otro, Costa Rica y el Paraguay, con poco más de 100.000 personas indígenas, y el Uruguay con casi 80.000 personas indígenas (Comisión Económica para América Latina , 2014).
En las últimas décadas, los movimientos indígenas han avanzado significativamente en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. En abril de 2018, durante el Foro de los Pueblos Indígenas se presentó la “Declaración en Defensa del Territorio y la Libre Determinación de los Pueblos o Naciones Indígenas” en la que sintetizan sus principales demandas y propuestas para la defensa de sus territorios ante: “…el modelo de desarrollo depredador y destructor donde las corporaciones buscan acumular riquezas para unos pocos, vulnerando nuestros derechos y destruyendo la Madre Tierra, a través de la imposición de mega proyectos extractivos como: la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, forestales, monocultivos y de infraestructura en nombre del desarrollo, que se ejecutan sin la consulta ni el consentimiento libre, previo e informado” (Abya Yala, 2018).
Los pueblos indígenas han reiterado su autonomía en la toma de decisiones vinculadas al manejo de los recursos naturales, pero persisten acciones discriminatorias y acercamientos erróneos hacia estos colectivos. En relación, a la defensa del ambiente si bien han entablado alianzas con organizaciones ecologistas y con organizaciones no gubernamentales que coinciden en la crítica al capitalismo por sus implicaciones sobre el medio ambiente, en algunos grupos ambientalistas persiste la visión del buen salvaje o el “buen indígena ecológico” cuidador de la naturaleza. Esta visión clásica del pensamiento occidental que separa naturaleza de cultura, ve a los indígenas como parte del entorno natural que hay que defender (Caudillo A. , 2010).
Las mujeres son un pilar fundamental en la conservación del patrimonio biocultural y la transmisión generacional del conocimiento. Territorio Indígena Nagbe de Coto Brus.
El considerar a los indígenas como parte del ámbito natural, es situarlos en el nivel que la modernidad siempre asignó a la naturaleza. Espacio donado del que hay que servirse dominándolo. Este deseo de dominio sobre la tierra del que se nutre la modernidad, es una constante de la historia occidental (Moran, 2008). Al respecto, Gudynas (2002) menciona que las campañas de conquista de la colonia tardía como en los primeros años de las repúblicas independientes se buscaba solo buscaban “civilizar” los espacios que se consideraban salvajes, junto a los grupos indígenas que allí́ vivían, considerando que la cultura occidental era superior y debía domesticar los ambientes salvajes para volverlos “habitables”.
El presente artículo tiene como objetivo generar una reflexión crítica sobre el rol de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad. En esta dinámica, busca identificar cuáles aspectos fortalecen y afectan su participación real. Además, de las amenazas internas y externas que afectan la protección de sus recursos naturales y el respeto de sus derechos colectivos en general.
El axioma cultural en la conservación de la biodiversidad.
La conservación de la diversidad biológica, cultural y lingüística están estrechamente ligadas. Los idiomas reflejan los conocimientos acumulados sobre el medio ambiente y los fenómenos naturales propios de las regiones ancestrales de los indígenas. Son también el vehículo por el cual se transmite la cultura, el arte y la visión del mundo que fueron desarrolladas a lo largo de su historia por los pueblos ancestrales (Salamanca, 2012).
La mayoría de las áreas naturales escogidas para la conservación en Mesoamérica están dentro de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Esta coincidencia, consistente en que las áreas naturales mejor conservadas estén donde habitan los pueblos indígenas, se debe al modelo práctico de gestión y uso de los recursos naturales que emana de los conocimientos tradicionales que tienen una base espiritual, los cuales no dependen sólo de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, sino también de la relación entre el mundo visible e invisible. Esto es, del mundo de los espíritus, que están relacionados con los sitios y lugares sagrados, las plantas y los animales; quienes cohabitan en la tierra forman parte de este universo social y espiritual (Camac, 2010).
En este sentido, un estudio de la Unión Internacional sobre la Conservación de la Naturaleza (2016) sobre la relación existente entre los bosques, las áreas protegidas y los pueblos indígenas, establece que el traslape existente en toda Centroamérica es de 96,432 Km2, incluyendo las áreas terrestres y marinas. En los casos de Belice, Honduras y Costa Rica, las coberturas boscosas son mayores al 50% de sus territorios nacionales. Esa situación es el resultado de diversos factores en los que se combinan cambios en las estructuras económicas nacionales, acciones de protección, incentivos para la conservación ambiental y la recuperación de bosques; pero sobre todo y ante todo es el resultado de la interacción de las prácticas ancestrales de un importante grupo de pueblos indígenas y las acciones de protección ambiental mediante el establecimiento de áreas protegidas (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2016).
Los pueblos indígenas tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Los territorios tradicionalmente utilizados y ocupados por ellos son un factor primordial de su vitalidad físico, cultural y espiritual. Esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y de sus circunstancias específicas; puede incluir el uso o presencia tradicionales, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional o nómada, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena o tribal (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009).
Desde los países andinos principalmente Bolivia y Ecuador se ha extendido a Latinoamérica, la filosofía del Buen Vivir o Kaw Say Sumak. Esta ha sido un gran aporte para comprender y restaurar la relación de los seres humanos con el ambiente natural. En palabras de Luis Macas (2010), el Kawsay es la vida en excelencia material y espiritual en armonía con todos los seres vivos. Para Rojas (2009) implica una relación indisoluble e interdependiente entre el universo, la naturaleza y la humanidad, donde se configura una base ética y moral favorable al medio ambiente. Caudillo (2012) da una visión mas integral al considerar que se requiere no solo la armonía con la naturaleza, sino cambios y demandas que pasan por la transformación del Estado y de la sociedad.
Petroglifo en la comunidad de La Casona, Territorio Indígena Nagbe de Coto Brus.
El hecho que los ecosistemas naturales en los territorios indígenas sean menos afectados, responde a que la relación de los pueblos indígenas con su territorio no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras (Corte Interamericana de Derechos Humamos, 2004). Esto se ha manifestado en la lucha por la defensa de sus territorios, en casos como los ngobe en Panamá ante las concesiones mineras e hidroeléctricas en su territorio; los malecu en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica por la apertura de una trocha a lo largo de la margen costarricense del río San Juan, y a los mayagnas en la reserva forestal de Bosawas en el norte de Nicaragua por la extracción ilegal de madera (Salamanca, 2012).
La resistencia de la ciencia a incluir a los pueblos indígenas en el manejo de la biodiversidad.
Históricamente, la conservación de los recursos naturales se ha centrado en la protección de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales (Organización de las Naciones Unidas, 1992). Esta visión estrictamente biológica excluye de las políticas, la legislación y las estrategias de conservación un acervo de conocimientos ancestrales que existen sobre la naturaleza, que involucra aspectos culturales, históricos y sociales.
En el plano formal, existen convenios internacionales que reconocen la importancia de integrar a los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y obligan a los Estados suscriptores a velar por su cumplimiento. El Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (Organización Internacional del Trabajo, 1989) reconoce en su artículo 15 el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Mientras que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Organización de las Naciones Unidas , 1992) en el artículo 8 j) establece como obligación de los Estados respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
Si bien existe un avance en a nivel normativo, aún persiste resistencia por parte de los Estados y diversos sectores de integrar de manera real a los pueblos indígenas en la conservación biológica. Un caso interesante es la discusión que existe en relación al descubrimiento de una nueva especie de tapir en el Amazonas; el Tapirus Kabomani. La misma llevo a una serie de publicaciones en la revista científica Journal of Mammalogy, planteando criterios a favor y en contra de la inclusión de las comunidades indígenas en los procesos de investigación científica.
Los investigadores Cozzull y Santos (2014) reconocieron como evidencia de la existencia de dicha especie que los cazadores indígenas del pueblo indígena karitiana reconocían dos variedades de tapir y solían mantener los cráneos de los animales cazados como trofeos, y que esta información coincidía con los resultados de la información de ADN y la descripción morfológica. En contra de dicha tesis, el investigador Voss (2013) señaló que las pruebas de la gente local podría tener otras explicaciones y que los informantes nativos se equivocan a menudo sobre la taxonomía de las especies. Esta discusión es un ejemplo, de la separación que existe entre el conocimiento local y el conocimiento científico.
En respuesta a esa aparente dicotomía, es interesante el planteamiento de Santos (2009) que cuestionamiento fuertemente los contenidos del conocimiento científico. Al respecto el autor considera que: “[...] siendo un conocimiento mínimo que cierra las puertas a muchos otros saberes sobre el mundo, el conocimiento científico moderno es un conocimiento desencantado y triste que transforma la naturaleza en un autómata [...] reduce el supuesto diálogo experimental al ejercicio de una prepotencia sobre la naturaleza. El rigor científico, al estar fundado en un rigor matemático, es un rigor que cuantifica y que, al cuantificar lo que hace es descalificar [...] el conocimiento gana en rigor lo que pierde en riqueza” (Santos, 2009).
Las principales amenazas sobre los pueblos indígenas y la biodiversidad
En primer término, persisten actividades como la biopiratería que constituye la extracción ilegal de recursos genéticos y biológicos, esta se lleva a cabo sin la aprobación de las comunidades propietarias legítimas de esta información y que conducen al monopolio sobre la propiedad intelectual (Castillo, 2011). Esta actividad genera mayor desigualdad, no respeta los derechos comunitarios, no genera ningún beneficio económico ni fomenta la participación ciudadana.
La segunda amenaza, son los proyectos de desarrollo a gran escala como las represas y las las actividades mineras que han causado en muchos países situaciones de violencia y el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. Sin embargo, la presión también existe por las políticas de conservación con la creación de parques nacionales que ha obligado a los indígenas a ser desplazados de sus territorios.
La tercer amenaza son los procesos de aculturación como consecuencia de la pérdida de los territorios y de su exclusión de los procesos de adopción de decisiones de los Estados. La erosión cultura es particularmente sensible en relación a la supervivencia de la lengua, estas son cada vez menos habladas y, su conocimiento no se transmite a las nuevas generaciones. En consecuencia, no sólo se pierde el idioma como expresión lingüística si no todo el acervo de conocimientos sobre el manejo de los recursos naturales. Como recita el gran antropólogo mexicano Miguel De León Portilla: “Cuando una lengua muere, la humanidad se empobrece”.
Conclusión
La intención de este artículo es plantear una discusión crítica en un momento en que las nuevas agendas nacionales y mundiales de desarrollo y sostenibilidad están aumentando las expectativas sobre el papel de las comunidades indígenas en la conservación. Sobre la base de estas reflexiones y mi experiencia en el trabajo con comunidades, es evidente que existe una resistencia del sector académico e institucional vinculado con el ambiente a reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales, ni ha incentivar un incidencia real en la toma de decisiones.
Los avances y logros de las comunidades indígenas sobre el reconocimiento de sus derechos a la tierra, tiene una brecha en relación reconocimiento social y el ejercicio real del control sobre sus territorios. Es necesario reflexionar sobre los estereotipos y tergiversaciones que a su vez podrían poner en peligro las mejoras en el bienestar humano de los pueblos indígenas y los objetivos de conservación.
Las políticas y programas de conservación, no pueden ignorar las condiciones históricamente, social y económicamente inequitativas que dan forma a los medios de subsistencia de las comunidades indígenas. Las políticas de desarrollo agresivas rara vez se cuestionan a nivel internacional y nacional, las expectativas de que las poblaciones locales y sus tierras compensen y amortigüen el impacto de la degradación ambiental continúan aumentando como una solución predeterminada.
Los pueblos indígenas deben ser incluidos como parte de sociedades multiétnicas, reconociendo su aporte histórico a la conservación de la biodiversidad. Su integración en la toma de decisiones deber ser como la de cualquier ciudadano y no como conservacionistas idealizados. Por ultimo, es necesario abrir diálogos interdisciplinarios y generar más colaboración entre científicos sociales y naturales; tener a las comunidades indígenas como socios, no como espectadores.